Noticiero 9

Una correntina víctima del caso «Chocolate» Rigau: usaban sus datos para cobrar como docente en La Plata

Julio “Chocolate” Rigau, junto al concejal Facundo Albini y a su padre Claudio, están presos, acusados de recaudar dinero de empleados que figuraban como contratados en la Cámara de Diputados bonaerense, pero que en realidad no trabajaban.

El puntero político conocido como Chocolate, había sido aprendido en el mes de octubre, con más de 40 tarjetas de débito de diferentes personas, retirando dinero de diversos cajeros automáticos en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires.

Dentro de ese marco, una comerciante correntina de la localidad de Mercedes denunció ante la Justicia que usaron sus datos para hacerla figurar como docente en La Plata, y cobrar por ella los haberes correspondientes por esa tarea.

Débora Aiello es la mujer involucrada, quien descubrió que figura como empleada pública en el rubro docente, en la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, luego de que le dieran la baja del beneficio de la Asignación Universal por Hijo que percibía.

Daniela Barreneche, abogada de la víctima, habló con N9 Central y explicó que Débora tiene un hijo de 6 años, por el cuál percibía el beneficio de AUH, y “que en el mes de septiembre se presentó a cobrar pero no pudo hacerlo porque ya no figuraba como beneficiaria”.  

Desde la sede de ANSES en Mercedes, Corrientes, le corroboraron la información de que figuraba como “Empleada Pública”, y por eso había sido dada de alta del beneficio, “cosa que no coincidía con su situación laboral actual, ya que está desempleada y vive de la economía popular, vendiendo pollos”, según explicó su abogada.

“Desde ANSES le emiten una constancia impresa, donde surgen una serie de datos, que es lo único que nosotros tenemos hoy”, asegura. “Allí figura que fue dada de alta como empleada pública el 7 de octubre, en el rubro docente, en la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires”, agregó la defensora.

En ese sentido, explicó que “el sueldo registrado era el mínimo, de $57 mil pesos”. “Pero nosotros creemos que es más, ya que sabemos que a eso siempre se le suman otras cifras no remunerativas según cada contrato”, profundizó la abogada.

“El problema de ella no es solo la suspensión del beneficio, sino que también queda enganchada con un contrato de Empelada Pública de Buenos Aires, absolutamente falso y trucho, ya que no es maestra, no concluyó el colegio secundario y vive a 800 kilómetros de donde supuestamente debería trabajar”, denuncia Barreneche.

Tras conocer esta situación, la abogada contó que mandaron “una carta a documento a los fines de rechazar esta situación y que la den de baja, cosa que no pasó, y si bien a la carta la recibieron, al día de hoy no tenemos respuestas”.

Tras la falta de respuestas, “elaboramos una denuncia que enviamos a la Fiscalía, donde pedimos que la relacionen con el caso chocolate porque creemos que es la misma matriz: contratos de empleo falsos, de gente que no presta servicios y que alguien cobra por ellos”, afirma.

“Yo creo que esto no es por Débora sola, debe haber miles de personas iguales a ella”, comenta la abogada Barreneche, y asegura que “lo que a Débora la angustia es que la están privando de percibir la AUH por la que ella sufragaba muchos gastos de su hijo, y ahora no puede hacer uso de ese beneficio que le corresponde”.

Finalmente, aseguró que ésta “es la punta de un Iceberg que tienen que investigar, porque la única herramienta que tenemos como ciudadano es la Justicia”.

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