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Demanda de Burford pone a Argentina en vilo: ¿YPF en manos extranjeras?

El bufete de abogados Burford ha solicitado a la justicia estadounidense la transferencia del 51% de las acciones de YPF actualmente en posesión del Estado argentino, lo que podría desencadenar un conflicto legal y la posible pérdida de control sobre la petrolera.

En un movimiento que podría tener profundas repercusiones para Argentina, el bufete de abogados Burford ha solicitado a la jueza Loretta Preska la transferencia del 51% de las acciones de YPF actualmente en manos del Estado argentino. Esta demanda surge en el marco de un prolongado litigio que se remonta a más de 9 años atrás, intensificándose después de que la jueza Preska fallara en contra de Argentina el año pasado, acusándola de expropiar indebidamente la petrolera en 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner.

La solicitud de Burford incluye también las acciones de YPF en posesión de las provincias argentinas, lo que añade un nuevo nivel de complejidad al caso. La jueza Preska, quien previamente sugirió que estas acciones podrían utilizarse como garantía para evitar futuros embargos, se espera que tome una decisión definitiva al respecto en junio.

La posibilidad de que la jueza autorice la transferencia de acciones a favor de Burford se basa en la falta de una garantía por parte de Argentina y en la ausencia de negociaciones con los beneficiarios del fallo. Esto podría llevar al país a un conflicto legal con la corte estadounidense, similar al ocurrido hace casi una década con el juez Thomas Griesa.

Argentina se enfrenta a la amenaza de embargos de sus bienes como consecuencia de la sentencia, y a pesar de haber apelado la medida, su falta de avales por los USD 16.000 millones condenados desencadenó la solicitud de embargo y la actual exigencia de transferencia de acciones por parte de Burford.

En un intento por hacer frente a la deuda con Burford, el presidente propuso un nuevo impuesto denominado la «tasa Kicillof», en referencia al gobernador bonaerense que fue uno de los responsables de la expropiación de YPF en 2012. Sin embargo, este impuesto ha generado controversia y críticas, con algunos argumentando que sería una carga injusta para los ciudadanos argentinos.

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