El defensor oficial de Sáenz Peña presentó un Habeas Corpus ante un operativo policial que involucró a menores de edad pertenecientes a comunidades indígenas.
Un operativo policial realizado en la localidad de Quitilipi el viernes pasado ha desatado polémica y preocupación por posibles abusos de autoridad, especialmente hacia menores de edad y miembros de comunidades indígenas. El defensor oficial de Sáenz Peña, Matías Jachesky, ha presentado un Habeas Corpus para investigar este hecho y determinar si los procedimientos policiales fueron llevados a cabo dentro del marco legal.
El operativo, tuvo lugar durante la noche del martes 3 y la madrugada del miércoles 4 de mayo, donde se procedió a detener a un grupo de jóvenes que andaban circulando sin DNI a altas horas de la noche, según fuentes policiales. El Juzgado de Garantías II solicitó información detallada sobre la actuación policial, incluyendo el motivo del operativo, las personas detenidas o retenidas, y si se contaba con una orden escrita de autoridad competente.
En diálogo con Radio Nordeste, Jachesky comentó: «Accioné con un Hábeas Corpus, también por conducto telefónico y por vía WhatsApp, al juez de garantías, a los fines de que se determine la veracidad y se acredite o no esta situación que pareciera anormal«.
El defensor del Pueblo de Sáenz Peña destacó la importancia de garantizar el derecho a circular y transitar libremente, subrayando que «si no había ningún tipo de situación anormal en las personas que estaban en la calle, no hay por qué privarlas de su libertad«.
En cuanto a un supuesto caso de discriminación, el Defensor Oficial señaló que, si bien no puede confirmar la pertenencia de las personas detenidas a comunidades originarias, la presunción de vulnerabilidad socio-cultural no justifica su detención sin motivo aparente.
Este no es el primer caso de este tipo en la región. Jachesky recordó un precedente en 2016, donde acciones similares llevaron a medidas correctivas, incluyendo la obligación de que el personal policial recibiera formación ética, ciudadana y en derechos humanos. Por su parte, las autoridades policiales han defendido su actuación, argumentando la necesidad de prevenir delitos en la zona. Sin embargo, Jachesky hizo hincapié en que la prevención no puede justificar la privación arbitraria de la libertad de los ciudadanos: «Si no está cometiendo ningún ilícito o no hay sospechabilidad de que lo pueda cometer, no hay motivo para privarlo de la libre circulación, está garantizado por la Constitución».
