Noticiero 9

Extorsión piquetera: los allanamientos revelaron una maquinaria de recaudación 

Los recientes allanamientos realizados como parte de la investigación sobre presunta extorsión piquetera han revelado una compleja red de recaudación que ha estado operando durante más de dos décadas.

Estos allanamientos, que se llevaron a cabo en el día de ayer en 27 ubicaciones distintas, fueron el resultado de una denuncia del Ministerio de Seguridad, luego de varios meses de investigación judicial. 

La causa se inició a fines del año pasado en el fuero federal, en respuesta a numerosos testimonios recibidos a través de la línea telefónica gratuita 134, habilitada para denunciar presiones indebidas por parte de organizaciones que administran programas de asistencia social.

Los testimonios recopilados a través de esta línea revelaron un panorama preocupante de abusos y coerción dirigidos principalmente hacia los sectores más vulnerables de la sociedad

Se reportaron casos de exigencia de participación en marchas y manifestaciones públicas, así como la entrega de parte del dinero recibido como beneficio social, bajo la amenaza de perder dicho beneficio en caso de negarse. 

La investigación liderada por el fiscal Gerardo Pollicita ha permitido reconstruir una matriz de recaudación basada en recursos provenientes de planes sociales y alimentarios, destinados originalmente a los más necesitados.

Los allanamientos, autorizados por la Sala I de la Cámara Federal, se llevaron a cabo en domicilios particulares, sedes de organizaciones sociales y comedores populares vinculados a grupos como el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie, entre otros. 

Las órdenes de allanamientos recayeron sobre Jeremías Canteros, Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello, Jorge Antonio Rosa y Duña Fiorely Saucedo Arias, entre otros.

Se encontraron sumas significativas de dinero en efectivo, así como dispositivos electrónicos y documentación relevante para la investigación. Uno de los hallazgos más destacados fue el descubrimiento de 54.448 dólares en efectivo en el domicilio de una de las personas investigadas.

La hipótesis principal que manejan las autoridades es que estas organizaciones piqueteras habrían montado una maquinaria de recaudación que se alimentaba de los recursos destinados a programas sociales. Se ha detectado un presunto desvío de fondos destinados a comedores populares hacia la venta al público en barrios de bajos recursos

La investigación también revela la existencia de una estructura jerárquica dentro de estas organizaciones, donde los líderes de alto nivel ejercían control sobre la distribución de beneficios sociales, premiando o castigando a sus seguidores según su nivel de participación en actividades políticas.

La implementación de reformas por parte del gobierno, como la eliminación del programa social Potenciar Trabajo, ha generado cambios en la dinámica de estas organizaciones, limitando su capacidad para certificar tareas laborales y controlar el acceso a beneficios sociales. A pesar de las denuncias y las pruebas recopiladas durante la investigación, los líderes acusados de extorsión han negado las acusaciones, denunciando una supuesta persecución política y criminalización de la protesta social.

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