Noticiero 9

Belliboni y otros líderes piqueteros fueron citados a indagatoria por extorsión

La medida se tomó en el marco de una investigación que reveló cómo estos líderes habrían utilizado los fondos destinados a los planes para fines partidarios, mediante la exigencia de aportes económicos y participación en actividades políticas a los beneficiarios.

El juez federal Sebastián Casanello ha convocado a indagatoria a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, y a otros dirigentes piqueteros, acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales.

La causa se inició tras allanamientos realizados el 11 de mayo, que arrojaron pruebas sobre el uso de facturación falsa y la simulación de gastos. Según las fuentes judiciales, estas prácticas encubrían el desvío de fondos públicos hacia actividades partidarias. Casanello subrayó la confusión entre lo público y lo privado, al emplear recursos estatales para financiar actividades políticas del Polo Obrero y otras organizaciones involucradas.

La resolución judicial establece un calendario de indagatorias para los implicados, que incluye a diversas personas entre el 11 y el 25 de junio. Entre los citados están Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y otros miembros de las organizaciones sociales. El juez busca aclarar el rol de cada uno en el presunto esquema de extorsión y desvío de fondos.

El origen de la causa data del 20 de diciembre, cuando se preparaba una movilización contra Javier Milei. En esa fecha, el Ministerio de Seguridad habilitó un número para denuncias anónimas, lo que desencadenó numerosas acusaciones que llegaron a los tribunales de Comodoro Py. El fiscal Gerardo Pollicita se centró en las denuncias de la Capital Federal, de las cuales siete personas fueron localizadas y cinco se animaron a declarar.

El fiscal Pollicita destacó que, bajo la apariencia de administrar comedores populares, se establecieron grupos que exigían dinero a los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo. Estas prácticas implicaban no solo la extorsión económica, sino también la participación en movilizaciones y el apoyo electoral a ciertos candidatos, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal.


Tras los primeros allanamientos, Casanello dispuso la inhibición de bienes de los implicados y puso la causa en secreto de sumario para continuar con las investigaciones. La evidencia sugiere que los fondos públicos fueron desviados para beneficiar intereses particulares, contraviniendo el propósito original del programa social. Este caso revela cómo se manipularon recursos destinados a los más vulnerables para fines políticos, violando la confianza pública y las leyes vigentes.

Notas relacionadas

La industria pyme cayó 19% anual en mayo

redactor

Caso Loan: En los operativos en Resistencia hallaron armas, municiones y dinero en efectivo

redactor

Corrientes: Ferias de la Ciudad cierran junio recorriendo plazas y paseos públicos

redactor