Noticiero 9

Comienzan las indagatorias a dirigentes del Polo Obrero por presunta extorsión y desvío de fondos

La causa se centra en el desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo hacia empresas sospechadas de emitir facturas falsas, además de amenazas y extorsiones a beneficiarios del programa.

Este martes, en los tribunales federales de Comodoro Py, iniciarán las indagatorias en el marco de la investigación sobre la posible defraudación al Estado por parte del Polo Obrero. Entre los citados a declarar se encuentran cuatro dirigentes de la organización.

El fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Sebastián Casanello llevan adelante esta investigación, que incluye denuncias de aprietes y extorsiones a beneficiarios del Potenciar Trabajo. Se sospecha que parte del dinero recibido por el Polo Obrero fue desviado a dos empresas investigadas por la emisión de facturas falsas. Las declaraciones iniciales de Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches serán clave para determinar si se tomarán nuevas medidas de prueba.

Entre el 18 y el 25 de junio, las indagatorias continuarán con otros dirigentes de relevancia, como Jeremías Cantero, número dos del Polo Obrero, y Eduardo Belliboni, líder de la organización. Estas audiencias serán cruciales para esclarecer el manejo de millones de pesos que el Estado entregó al Polo Obrero a través de convenios con el exMinisterio de Desarrollo Social. Además, se investigan posibles vínculos con la cooperativa El Resplandor Limitado, sospechada de lavar dinero desviado del programa.

La Justicia ha reunido tres pruebas clave sobre los desvíos millonarios a empresas fraudulentas. Se ha comprobado que al menos $25 millones fueron redirigidos a las imprentas Rumbos y Coxtex, ambas investigadas por emitir facturas falsas. Parte de estos fondos retornaron al Partido Obrero como aportes institucionales y electorales, sumando $18 millones, según la Cámara Nacional Electoral.

La semana pasada, la investigación involucró a María Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, fundadores de cuatro empresas fantasmas. Estas empresas emitieron facturas apócrifas para ocultar el destino del dinero desviado. Pichuaga, de nacionalidad canadiense, aceptó firmar como titular de las empresas a cambio de $40.000, alegando desconocer su funcionamiento. Su domicilio en el barrio Floresta fue allanado, revelando más detalles sobre la trama de desvío de fondos y fraude al Estado.

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