El Gobierno anunció que pondrá en marcha una auditoría total para determinar, dentro de un universo de 1.223.864 personas beneficiarios de pensiones por invalidez, quiénes accedieron de manera irregular a dicho beneficio. Se sospecha que cerca de medio millón de pensiones serían “truchas”, porque para acceder al cobro se cometieron ilícitos en el trámite necesario para conceder la pensión.
La denuncia por presunto fraude a nivel nacional la lanzó el Vocero Presidencial Manuel Adorni donde explicó que luego de una auditoría en la Agencia Nacional de Discapacidad lograron detectar pensiones por invalidez que era apócrifas. El beneficio lo recibían personas que no tenían ningún tipo de discapacidad y habían accedido al beneficio a través de documentaciones falsas.
Si bien el hecho se convirtió en noticia a nivel nacional, la causa por "pensiones truchas" tuvo sus inicios en la provincia del Chaco bajo la lupa de la Justicia Federal. El Dr Carlos Amad fue quien inició una causa por pensiones truchas en la localidad de Taco Pozo donde se detectaron al menos 800 pensiones percibidas por personas sin discapacidad. La causa aun se encuentra en etapa investigativa.
La reciente difusión de la auditoría nacional reveló que al menos el 40% de los beneficiarios, es decir cerca de medio millón de personas no deberían estar cobrando la pensión. Para determinar la cifra exacta de beneficios a dar de baja, en los próximos días se lanzará un operativo nacional de auditoría, pero que pondrá el foco en los municipios del conurbano bonaerense y las provincias del Norte.
El operativo consistirá en citar por carta documento a los beneficiarios para que se presenten en una oficina de la ANSes o un hospital público. En dicho lugar habrá un médico que determinará el grado de discapacidad de la persona. También se revisará el perfil socio económico del beneficiario.
La investigación que inició el gobierno nacional tiene la principal sospecha de que se montó una suerte de “fábrica de pensiones por invalidez” en la que están involucrados gobernadores, intendentes, punteros políticos, médicos y prestadores de servicios de salud y atención a personas con discapacidad.
La auditoría reveló cuáles fueron las provincias más beneficiadas con estas pensiones y Chaco lidera el ranking. Le sigue Santiago de Estero y en quinto lugar se encuentra la provincia de Corrientes.
Durante el Gobierno de Néstor Kirchner se otorgaron cerca de 120.000 beneficios. En el primer gobierno de Cristina Kirchner se sumaron 453.000 pensiones y otras 400.000 en el segundo mandato. En los cuatro años de Mauricio Macri se redujeron en cerca de 20.000. Y durante el Gobierno de Alberto Fernández volvieron a crecer, sumando unas 170.000 pensiones más. En resumen: hasta 2003 se habían otorgado 80.000 pensiones. Hoy se pagan 1.223.864 beneficios.
La pensión por discapacidad llega hoy a los $ 216.000. Su monto es equivalente al 70% de la jubilación mínima, más el bono de $ 70.000. Es decir que las pensiones insumieron este mes 265.000 millones de pesos. En el año, el gasto equivaldría a unos 3.200 millones de dólares.
Las auditorías revelaron que había expedientes en los que se otorgó una pensión por invalidez laboral con la radiografía de un perro. Este artilugio fue utilizado por un médico correntino según señaló el propio Vocero Presidencial quien por otra parte detalló que en Chaco había 150 beneficiarios de pensiones con la misma radiografía.
El Fiscal Federal Carlos Amad, en declaraciones a N9 detalló que la investigación que inició en Taco Pozo en el año 2023 podría extenderse a otras localidades donde también llama poderosamente la atención el número de beneficiarios con pensiones por discapacidad por lo que ya solicitó informes de la situación en Sáenz Peña, Villa Ángela y otras localidades del sudoeste chaqueño.
