Bernardo Voloj, defensor del Pueblo, cuestionó la medida que busca adoptar la empresa estatal luego de la audiencia pública.
La reciente audiencia pública llevada a cabo el viernes pasado en Charata ha dejado en evidencia la posibilidad de un incremento tarifario del 300% en el servicio de agua potable y cloacas de SAMEEP. Este drástico aumento ha generado preocupación y rechazo por parte de diversos sectores, incluyendo al defensor del Pueblo de la provincia de Chaco, Bernardo Voloj, quien expresó su descontento y resaltó varios puntos críticos durante su intervención.
"Participamos en la audiencia pública sin saber efectivamente a qué íbamos a discutir, porque nunca hubo un informe técnico previo que esclareciera los motivos del aumento", manifestó a Radio Nordeste Voloj, añadiendo que un incremento de este calibre "rompe la idea de aumentos progresivos, graduales y razonables, y de acuerdo a la capacidad económica del usuario".
Voloj también hizo hincapié en la falta de documentación previa, lo que impidió una preparación adecuada para la audiencia. "Llegamos a la audiencia sin tener toda la documentación previa, lo que limita nuestra capacidad de argumentar y entender los fundamentos del incremento propuesto", afirmó.
Además, el defensor del Pueblo subrayó que, aunque es entendible la necesidad de actualizar tarifas después de 24 meses sin aumentos, un incremento tan abrupto no es justificable. "No se puede tener solamente en cuenta que cierren los números de SAMEEP. Independientemente de que necesiten actualizar, no lo pueden hacer de una forma tan brusca", sostuvo.
"El agua es un derecho humano básico y esencial, y no podemos permitir que se convierta en un lujo inaccesible para los chaqueños", argumentó Voloj. "Nuevamente, el usuario queda contra las cuerdas, tratando de ver cómo hacer para pagar en una economía que ya está bastante diezmada".
Durante su exposición, Voloj solicitó que cualquier incremento sea prudente y razonable. "Pedimos que los aumentos sean graduales y acordes a la capacidad económica de los usuarios. No discutimos la necesidad de actualización, pero debe hacerse con mucha prudencia", insistió. Según él, la audiencia pública permitió expresar estas preocupaciones, aunque la decisión final recae en el ejecutivo de la empresa y en última instancia, en el gobernador.
