La vicepresidenta anunció la reapertura de casos contra grupos armados de los 70, mientras que la Casa Rosada afirma que no es parte de su agenda
La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, anunció ayer su intención de reabrir causas judiciales contra miembros de organizaciones guerrilleras de la década de 1970. Durante un acto en el Senado por el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, Villarruel declaró que buscará que "todos los montoneros estén presos, respondiendo por ensangrentar nuestra nación". Sin embargo, fuentes cercanas a la administración de Javier Milei han tomado distancia de esta iniciativa, afirmando que "no es un tema nuestro".
El evento, que contó con la presencia de víctimas de atentados terroristas y familiares de fallecidos, se produjo en medio de una polémica por la visita de diputados libertarios a ex militares condenados por delitos de lesa humanidad. Este contexto ha puesto de relieve las diferencias entre Villarruel y Milei en cuanto al tratamiento de temas relacionados con la última dictadura militar, un asunto del que el presidente ha declarado querer mantenerse alejado.
Desde el entorno de Villarruel se aclaró que el planteo fue realizado a título personal y "no compromete al presidente ni al gobierno". Por su parte, fuentes oficiales confirmaron a Infobae que no hay planes desde el Ministerio de Justicia ni desde otras áreas del Ejecutivo para avanzar con presentaciones ante los tribunales sobre delitos cometidos en los años 70 por organizaciones armadas.
Esta situación evidencia una tensión entre la agenda personal de la vicepresidenta, quien ha sido una figura activa en la defensa de las víctimas del terrorismo a través de su organización CELTYV, y la postura del gobierno nacional. Mientras Villarruel busca dar visibilidad a un tema que considera olvidado, el gobierno de Milei parece querer evitar entrar en debates sobre el pasado reciente argentino, priorizando otros aspectos de su gestión.
