Una decisión administrativa del Poder Ejecutivo modificará el presupuesto vigente, redistribuyendo recursos entre la capital y el interior del país.
El gobierno nacional ha realizado una modificación presupuestaria que favorece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en detrimento de las provincias del interior. Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial, ha sido caracterizada por algunos analistas como "un nuevo golpe al federalismo".
Según explicó en N9 Central el economista Alejandro Pegoraro: "conocimos el día de ayer en el Boletín Oficial particularmente con la publicación de una decisión administrativa del poder ejecutivo de la nación que hizo una serie de modificaciones al presupuesto vigente". Estas modificaciones incluyen un aumento de 450.000 millones de pesos en el presupuesto de este año para CABA, destinados a pagar parte de una deuda judicializada por conceptos de coparticipación.
El origen de esta deuda se remonta a un fallo de la Corte Suprema en diciembre de 2022, que obligaba al Estado nacional a compensar a CABA con un porcentaje mayor de coparticipación. Sin embargo, Pegoraro señala que "ese fallo nunca se cumplió por parte del gobierno nacional ni de la Administración Fernández ni de la actual administración de Javier Milei".
Lo controvertido de esta decisión radica en el origen de los fondos reasignados. Pegoraro explica que "47.000 millones de pesos se le quita a un programa que se llama asistencia financiera a provincias". Aunque este programa no estaba en ejecución debido a recortes previos, representaba fondos que las provincias esperaban recibir en algún momento del año.
Esta reasignación se da en un contexto de significativas pérdidas para las provincias. Según Pegoraro, entre diciembre y agosto de este año, las provincias han sufrido una pérdida cercana a los 6,3 billones de pesos, combinando recortes presupuestarios y los efectos de la recesión económica.
El impacto en provincias como Corrientes y Chaco es notable. "Entre ambas provincias acumulan ya una pérdida de recursos cercana a los 500.000 millones de pesos", detalla Pegoraro. En el caso de Chaco, la pérdida asciende a 315.000 millones de pesos, mientras que Corrientes enfrenta una pérdida de alrededor de 200.000 millones.
Los críticos argumentan que esta decisión profundiza las desigualdades entre la capital y el interior del país. Aunque el reclamo de CABA es legítimo y respaldado por una decisión judicial, la forma en que se está resolviendo genera preocupación. "El gran problema es que el tesoro nacional, el Ministerio de Economía, el poder ejecutivo lo que hizo fue asumir la deuda a costa de recortarle todavía más recursos a las provincias argentinas", afirma Pegoraro.
Esta situación probablemente intensificará los conflictos entre los gobernadores provinciales y el gobierno nacional. Con menos recursos disponibles, las provincias enfrentarán desafíos adicionales para financiar programas esenciales y obras públicas, lo que podría limitar aún más las posibilidades de crecimiento y reactivación económica a nivel local.
