De la crisis del 2001 a la actualidad: Cómo la tercerización de la ayuda social creó una nueva 'oligarquía' en Argentina
Por: El Nordestino
La reciente detención del dirigente piquetero Tito López y su familia ha puesto nuevamente sobre la mesa un fenómeno que viene gestándose desde hace más de dos décadas en Argentina: la privatización de facto de la ayuda social a mano de los “empresarios de la pobreza”.
Tras la debacle económica y social del 2001, el Estado argentino, y los distintos estados provinciales, desbordados por las demandas sociales y su propia incapacidad de gestión, optaron por delegar la ejecución de políticas asistenciales a una miríada de organizaciones piqueteras. Esta decisión, tomada en un contexto de emergencia, sentó las bases para lo que hoy se revela como un sistema profundamente marcado por la corrupción, el abuso de poder y la impunidad.
Lo que comenzó como una medida para "tercerizar" la ayuda social, terminó creando una nueva clase de dirigentes: líderes piqueteros que, gracias al manejo de recursos estatales, se transformaron en verdaderos "empresarios de la pobreza". Casos como el de Emerenciano Sena, Osmar "Quintín" Gómez y el propio Tito López ilustran en la provincia del Chaco esta metamorfosis.
Por otro lado, resulta paradójico comprobar cómo el discurso de muchos de estos grupos, en contra de la “oligarquía terrateniente”, por ejemplo, terminó alimentando la concentración de tierras gracias a los negocios inmobiliarios con tierras fiscales de los que se beneficiaban “líderes sociales” como Tito López, quien se apropió de terrenos cedidos por el Estado, en principio para un supuesto fin social, y los terminó vendiendo a familias que ya contaban con grandes extensiones de tierra en la provincia.
Emerenciano Sena, otrora líder piquetero que construyó un imperio social y político, incluyendo un barrio que lleva su nombre y donde su palabra era ley, hoy se encuentra tras las rejas junto a su familia, no solo por el femicidio y desaparición de Cecilia Strzyzowski, sino también por investigaciones sobre desvío de fondos públicos.
En la misma línea, Osmar "Quintín" Gómez, quien llegó a ser candidato a diputado, cayó en desgracia al ser acusado de abuso sexual en el contexto de un comedor comunitario, ejemplificando cómo el poder otorgado por estos roles se prestaba a abusos diversos.
La lista continúa con Jorge Bregui, dirigente acusado de operar una red de prostitución a cambio de planes sociales, reteniendo tarjetas de beneficios y forzando a mujeres a participar en marchas o actos sexuales.
No menos escandaloso es el caso de Carlos Barraza, líder del Movimiento MTH, acusado de corrupción y construcción ilegal en propiedades estatales, a quien se le incautaron bienes millonarios, incluyendo, sorprendentemente, un móvil policial.
Finalmente, el reciente arresto de Ramón "Tito" López, acusado de lavado de activos, usurpación y venta ilegal de tierras, ha destapado una extensa red de negocios ilícitos vinculados a la ayuda social.
Estos dirigentes, surgidos de orígenes humildes, no sólo administraban la ayuda social a través de fundaciones que funcionaban como empresas privadas, sino que diversificaron sus actividades hacia negocios colaterales como la compraventa de tierras, operaciones inmobiliarias e incluso, en algunos casos, el narcotráfico.
Quizás lo más alarmante de este fenómeno ha sido comprobar que en muchos de estos casos, los dirigentes piqueteros exhibieron una sensación de absoluta impunidad. Antes de caer por el femicidio de Cecilia Stryzowsky, Marcela Acuña, madre de César Sena, se atrevió a intentar tomar una comisaría para interrumpir el interrogatorio al que estaba siendo sometido su hijo, principal acusado por el femicidio de la joven.
Otro tanto ocurrió con Tito López, que hasta hace unos días se jactaba en medios de que jamás iba a ser arrestado, y, poco antes de su detención, intentó realizar una demostración de fuerza junto a sus allegados en la plaza 25 de Mayo, donde finalmente fue detenido por unos 80 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y del Chaco.
Los recientes arrestos y escándalos parecen indicar un punto de inflexión en este modelo de gestión social. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿Cómo reconstruir un sistema de ayuda social que sea genuinamente efectivo y transparente?
El desafío para el Estado provincial es claro: recuperar su rol como ejecutor directo de políticas sociales, estableciendo mecanismos de control rigurosos y promoviendo la participación ciudadana genuina, no mediada por "empresarios de la pobreza".
