La Defensora General, Alicia Alcalá, explicó el proceso que llevó a la internación de la abogada Gabriela Casas por problemas de salud mental.Familiares y vecinos insisten en que hubo irregularidades.
La abogada Gabriela Casas fue internada involuntariamente en el área de salud mental del Hospital Perrando, tras la activación de un protocolo de intervención por parte de la Defensora General, Alicia Alcalá. El operativo, que involucró a un gran número de efectivos policiales, tuvo lugar el pasado 7 de octubre y fue catalogado como excesivo por algunos sectores; otros, por su parte, defienden la necesidad de actuar ante el riesgo que presentaba la paciente para su integridad.
Al ser consultada sobre el procedimiento, Alcalá fue enfática al destacar que la internación fue dispuesta tras los informes del equipo médico tratante, quienes aseguraban que Casas se encontraba en riesgo tanto para ella misma como para terceros. "Hace más de un año que no va a su lugar de trabajo debido a padecimientos mentales. Solicité que se activara el protocolo de intervención, basado en las opiniones de los médicos forenses y del equipo del Hospital Perrando", explicó a Radio Nordeste la Defensora General.
Alicia Alcalá lamentó la cobertura mediática del caso, señalando que se han tergiversado muchos detalles del procedimiento. "Los medios están tergiversando la situación. Lo que puedo decir es que esta persona está siendo atendida y tiene la posibilidad de llevar una vida normal con el apoyo adecuado", afirmó.
La Defensora General también aclaró que su rol fue el de activar el protocolo, pero que no estuvo presente en el operativo ni evaluó la situación directamente. "No evalúo la situación. Para eso están los médicos especialistas. Yo solo solicité que se activara el protocolo, como puede hacerlo cualquier ciudadano", aseguró.
Uno de los aspectos más polémicos ha sido la cantidad de efectivos policiales involucrados en el procedimiento, lo cual fue percibido por algunos testigos como desproporcionado. Sobre este punto, Alcalá fue tajante: "Esa pregunta deberían hacérsela a las autoridades que trabajaron en ese momento. Yo no estuve presente, pero confío en que las personas que lo hicieron están capacitadas".
La abogada Casas, quien trabajaba en las defensorías civiles del Ministerio Público de la Defensa, ya había protagonizado episodios preocupantes en el pasado, según indicó Alcalá. Sin embargo, la Defensora General negó cualquier conflicto personal con la abogada. "Jamás tuvo problemas conmigo. Ella estaba notificada de todos los actos", aclaró.
Alcalá explicó que el protocolo activado está vigente en la provincia del Chaco desde el año 2021, en cumplimiento con la Ley de Salud Mental y el Código Procesal Penal. "Este protocolo se aplica cuando se detecta un riesgo para la salud de una persona o para terceros. Está completamente acotado a las leyes y se ha utilizado en varias ocasiones para proteger a los ciudadanos", comentó.
El caso ha generado una fuerte repercusión, no solo por la internación involuntaria de una abogada que trabajaba en el sistema judicial, sino también por la magnitud del operativo desplegado. Sectores de la comunidad han expresado su desconcierto ante el uso de 25 efectivos policiales para una situación que, a primera vista, no parecía representar un peligro evidente.
Alcalá, por su parte, se mostró firme en la defensa del procedimiento y en la necesidad de garantizar la salud mental de los ciudadanos chaqueños. "Si hay personas que luchan por la salud mental en esta provincia, es la Defensoría General. Lamento que se tergiversen los hechos, pero el objetivo siempre ha sido salvar vidas", concluyó.
En contraste con la versión oficial, el hermano de Gabriela, criticó duramente el operativo, describiéndolo como excesivo y traumático para su hermana. "Ella nunca presentó una resistencia violenta, ni siquiera se le dio la oportunidad de salir voluntariamente de la casa", declaró. Según su testimonio, la intervención fue sorpresiva y realizada sin el mínimo tacto humano. "Estaban tratando a mi hermana como si fuera un criminal peligroso, con policías entrando a la fuerza, cuando lo único que necesitaba era ayuda y apoyo."
El hermano también expresó su indignación por la falta de seguimiento humano en el caso. "Se habla de protegerla, pero no hubo ningún tipo de acompañamiento antes de esto. Ella llevaba meses sola, sin recibir el apoyo necesario. ¿Dónde estaban las autoridades cuando realmente necesitaba ayuda?", se preguntó.
Al ser consultado sobre el estado actual de la abogada, el hermano afirmó que su situación emocional ha empeorado desde la internación. "Está más afectada ahora. Esta intervención la hizo sentir más vulnerable y abandonada por el sistema que debería haberla protegido", señaló, remarcando que, aunque se alegue que la medida fue en beneficio de su salud, las consecuencias psicológicas podrían ser severas.
