El jefe de la Policía del Chaco explicó el controvertido procedimiento que culminó con la internación involuntaria de la abogada Gabriela Casas. Asegura que la intervención fue en cumplimiento de un oficio judicial y bajo criterio médico, y detalla el contexto que llevó al uso de la fuerza.
El pasado 7 de octubre, un operativo policial en la ciudad de Resistencia llamó la atención de la ciudadanía, cuando un numeroso despliegue de efectivos se llevó a cabo para la internación involuntaria de la abogada Gabriela Casas. La intervención generó polémica y cuestionamientos, tanto por la cantidad de agentes involucrados como por el uso de la fuerza para ingresar al domicilio.
El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, explicó en una entrevista con Radio Nordeste que el procedimiento se realizó conforme al protocolo de salud mental y en cumplimiento de un oficio judicial emitido por la defensora pública, Alicia Alcalá. “El viernes anterior se había intentado el mismo procedimiento, pero no se pudo lograr que la doctora acceda de manera voluntaria a la internación”, explicó Romero, detallando que esto llevó a una reunión interinstitucional con participación del Ministerio de Seguridad, Salud Pública, la fiscalía y la propia doctora Alcalá, quien insistió en que la medida debía cumplirse.
Romero señaló que la abogada GC se negó nuevamente a ser internada de forma voluntaria el lunes siguiente, lo que llevó a los profesionales médicos y psiquiatras presentes a determinar que la paciente debía ser trasladada debido a "un diagnóstico grave" que implicaba un peligro inminente para su vida o la de terceros. "Nosotros no somos médicos, pero el criterio médico indicaba la necesidad de su traslado", agregó el jefe policial.
Respecto al uso de la fuerza, el comisario aclaró que esta solo fue utilizada para abrir las puertas del domicilio, ya que la abogada no presentó resistencia física al traslado. "Nos vimos obligados a violentar cuatro aberturas para ingresar al domicilio y proceder al traslado", precisó, añadiendo que la paciente no sufrió lesiones y fue conducida sin oponerse al ingreso en la ambulancia.
El operativo no pasó desapercibido para los vecinos de la zona, quienes manifestaron su descontento durante el procedimiento. Romero explicó que, si no hubiera sido por la presencia de los vecinos, "la comisaría jurisdiccional hubiera sido suficiente para realizar el operativo". La intervención del Comando de Operaciones Especiales (COE) se decidió para garantizar la seguridad del personal y evitar disturbios en el lugar.
“La policía ha quedado en el medio de esta cuestión”, enfatizó Romero, haciendo referencia a los cuestionamientos recibidos, tanto por la sociedad como por la propia defensora pública, sobre la magnitud del operativo. "El viernes, cuando no pudimos llevar a cabo la medida, la doctora Alcalá nos cuestionó. El lunes tuvimos que cumplir con el oficio y hacerlo de esta manera, que era lo último que queríamos", agregó.
El jefe policial también hizo hincapié en que el procedimiento fue avalado por el artículo 213 del Código Procesal Penal de la provincia, que permite el allanamiento sin orden judicial en situaciones de peligro para la vida de una persona. "Es un protocolo que seguimos en casos de salud mental, pero entendemos el malestar social", concluyó.
