El secretario general del Sindicato Postal, Ricardo Lasdín, denuncia que la desregulación 'blanquea una situación irregular de años' y teme que ponga en riesgo la estabilidad laboral de los empleados del Correo Oficial.
El reciente decreto de desregulación del servicio postal emitido por el gobierno nacional ha generado una fuerte reacción en el sector. Ricardo Lasdín, secretario general del Sindicato Postal, expresó sus preocupaciones y señaló que la medida "no es más que un blanqueo de una situación irregular que venimos viviendo desde hace décadas". Lasdín se refirió a la proliferación de pequeños operadores informales que ya compiten con el Correo Argentino, incluidos servicios de mensajería urbana y paquetería operados por remiseros y empresas familiares.
"Con esta nueva regulación, cualquier particular podrá inscribirse y, en tan solo cinco días, estar habilitado para certificar comunicaciones fehacientes. No sabemos cómo afectará esto a la credibilidad y seguridad de documentos sensibles, como las cartas documento", afirmó Lasdín en diálogo con Radio Nordeste.
Lasdín recordó que los embates contra el Correo Oficial no son recientes, y comparó esta situación con lo vivido en la década de 1990, cuando se abrieron licencias para operadores privados en el mercado postal. "El correo pasó de repartir cartas a enfocarse en paquetes. Los telegramas, antes fundamentales, han disminuido muchísimo, y las cartas casi han desaparecido", agregó. Según el dirigente sindical, la transformación tecnológica ha hecho que el envío de cartas particulares y telegramas haya perdido relevancia, pero insiste en que existen servicios específicos que requerirán un manejo cuidadoso bajo esta nueva normativa.
El líder sindical también expresó inquietudes sobre el impacto en el empleo. "En lo que va del año, más de 3.000 empleados del Correo Argentino dejaron sus puestos, lo que redujo la masa salarial de la empresa casi a la mitad", destacó. Además, aseguró que esta desregulación podría incentivar una mayor competencia en detrimento de los trabajadores postales, quienes ya enfrentan condiciones laborales complejas y recortes en los recursos para la operación logística. "Desde junio, el Correo comenzó a dar superávit, lo que nos hace cuestionar la necesidad de más ajustes", apuntó.
El decreto también exonera al Estado de toda responsabilidad ante posibles incumplimientos de las empresas postales privadas. Según lo detallado en el texto, "el Estado no será responsable por las obligaciones que deje de cumplir el prestador de servicios postales", lo que implica que cualquier conflicto deberá resolverse directamente con la empresa proveedora del servicio.
Lasdín concluyó advirtiendo sobre la posible precarización de las certificaciones postales: "No sabemos cómo tomará la justicia una carta documento certificada por un particular. Esta medida requiere una revisión profunda para garantizar la legalidad y la protección de los trabajadores".
