La nueva obra impulsada por el gobernador Gustavo Valdés y adjudicada a una empresa con antecedentes judiciales desató la polémica, mientras que 52 obras prioritarias, incluyendo hospitales y rutas, permanecen suspendidas.
En un contexto donde se ha solicitado a nivel nacional un esfuerzo de austeridad para administrar los fondos públicos, la provincia de Corrientes toma un camino distinto. La administración del gobernador Gustavo Valdés, adjudicó a la empresa Panedile Argentina S.A. la construcción de un moderno y costoso complejo de oficinas administrativas, cuyo presupuesto asciende a 37.000 millones de pesos. Esta obra se ubicará en el predio de la Dirección Provincial de Vialidad, en la intersección de las calles 3 de Abril y Catamarca, en una zona estratégica de la capital correntina.
El proyecto, formalizado en el Decreto 2637, implica un anticipo de 7.421 millones de pesos a Panedile Argentina S.A., y su plazo de ejecución se establece en 730 días. La empresa adjudicataria ha estado envuelta en causas por corrupción, dado que su propietario, Hugo Dragonetti, estuvo involucrado en la "Causa Cuadernos", un caso de corrupción que involucró sobornos a funcionarios a cambio de obras públicas.
En esa oportunidad, Dragonetti fue arrestado y luego se acogió a la figura del "arrepentido", admitiendo pagos irregulares a funcionarios a cambio de facilidades para acceder a contratos estatales. Según las investigaciones, Panedile habría obtenido contratos de manera preferencial, lo que incluye otros proyectos importantes en la provincia de Corrientes. Pese a estos antecedentes, la compañía ya había sido favorecida en 2019 para la construcción de un centro administrativo en el barrio San Benito, dentro de la misma provincia.
Mientras el proyecto avanza, otras 52 obras prioritarias en Corrientes, entre ellas rutas, escuelas, hospitales y centros de salud, se encuentran paralizadas por falta de presupuesto. Entre los proyectos postergados se destaca la finalización de la Ruta Nacional 12, cuyo deterioro afecta tanto la seguridad vial como la economía local. A estos problemas de infraestructura se suman las precarias condiciones de numerosas comisarías y escuelas provinciales, algunas de las cuales presentan estructuras deterioradas, con carencias que van desde baños en condiciones insalubres hasta la falta de equipos de climatización.
La nueva sede administrativa promete ubicarse en una de las esquinas más valoradas de Corrientes, justo en una zona cercana a la costanera y en un sector con alto valor inmobiliario. Las obras ya implican el desmantelamiento de las instalaciones actuales de Vialidad Provincial, cuyos empleados deberán reubicarse en otro espacio.
*Fotos ilustrativas
