El predio en el microcentro sería otorgado en comodato por 50 años y luego transferido gratuitamente, en medio de cuestionamientos de la oposición por las necesidades de espacios para oficinas municipales y reclamos vecinales.
La Municipalidad de Resistencia ha presentado un proyecto de ordenanza para ceder un terreno de alto valor inmobiliario al Poder Judicial, bajo la modalidad de comodato por 50 años, tras lo cual se transferiría a título gratuito. Este terreno, situado en una zona estratégica de la ciudad sobre la avenida Las Heras, entre Ameguino y Rodríguez Peña, tiene una extensión de 1.340 metros cuadrados y está valuado en aproximadamente 1.000 millones de pesos.
El concejal Guillermo Monzón, en representación de la oposición, expresó a N9 su rechazo a la iniciativa y destacó la falta de consulta a los trabajadores municipales que actualmente operan en el predio. “Nos llama poderosamente la atención cómo se quiere desprender de un terreno que podría beneficiar no solo el funcionamiento de las oficinas municipales, sino también mejorar las condiciones de trabajo para los empleados,” sostuvo Monzón.
Según el concejal, este predio era originalmente parte de un plan de descentralización municipal que tenía como objetivo reunir varias oficinas en un solo lugar para optimizar la atención al ciudadano. "El proyecto incluía un edificio donde se centralizarían inspecciones y otros juzgados municipales, permitiendo a los vecinos realizar sus trámites en un solo lugar", detalló.
Además, Monzón señaló que esta cesión contrasta con las políticas aplicadas a las familias locales que buscan acceder a terrenos municipales. “A muchas familias se les venden terrenos en cuotas de hasta 30 años, mientras que aquí se pretende regalar un predio al Poder Judicial,” subrayó, haciendo referencia a barrios como Mariano Moreno, Palermo y Villa Río Negro, donde existen cerca de 4.000 familias que han accedido a terrenos en venta bajo este esquema.
Monzón también cuestionó el destino de los trabajadores que actualmente ocupan el predio, incluyendo al personal de la Dirección de Diplomacia y de la Oficina de Asuntos Indígenas, quienes, según indicó, no fueron notificados sobre la posible cesión del lugar. "Los empleados se enteraron de esta situación por nuestras visitas al predio. La ordenanza no especifica a dónde serán trasladados estos trabajadores ni si están contempladas sus necesidades laborales,” expresó el concejal.
Otro de los puntos controvertidos es el gasto en alquileres que afronta la municipalidad para albergar sus oficinas. Según Monzón, “El municipio gasta una suma importante cada mes en alquileres. No es momento de desprendernos de un predio valuado en más de mil millones de pesos sin una planificación adecuada,” sostuvo, haciendo hincapié en la necesidad de “pensar en el futuro y no en soluciones temporales”.
La normativa vigente establece que los terrenos municipales solo pueden ser cedidos en comodato cuando tengan fines comunitarios, sociales, deportivos, culturales, educativos o religiosos. Monzón cuestionó la decisión de transferir el predio a otro poder del Estado y sugirió que este movimiento podría estar motivado por intereses políticos. “Nos resulta extraño que se le quiera hacer este ‘favor’ al Poder Judicial cuando como gestión venimos realizando denuncias permanentes sin respuestas,” afirmó.
El proyecto de ordenanza todavía está en proceso de evaluación y deberá ser aprobado por el Concejo Municipal. No obstante, las críticas ya generaron un intenso debate sobre la política de gestión del patrimonio público y las prioridades del municipio en cuanto a la infraestructura para sus propias dependencias y el acceso a la tierra para los vecinos de la ciudad.
