La Cámara en lo Criminal de Charata dictaminó que la muerte de Bravo no fue consecuencia de tortura policial, sino de su condición de salud y consumo de sustancias. Organismos de derechos humanos rechazan el fallo y anuncian apelación.
Este martes, en una sentencia emitida por la Cámara en lo Criminal de Charata, presidida por el juez Juan Carlos Clauter, los policías Alexis Fleitas Noguera, Franco Sosa, Carlos Díaz y Enzo Gómez fueron absueltos de la acusación de tortura seguida de muerte en el caso de Leandro Bravo. La resolución concluyó que el joven falleció como resultado de sus problemas de consumo de alcohol y drogas, descartando cualquier responsabilidad directa de los agentes en su deceso. Esta decisión despertó críticas de organismos de derechos humanos, quienes han anunciado su intención de apelar.
El proceso judicial investigó la muerte de Bravo, quien falleció en febrero de 2022 mientras estaba en custodia policial. Según el fallo, el joven llevaba días sin dormir y presentaba un alto nivel de intoxicación por una combinación de cocaína, paracetamol y alcohol, lo que habría ocasionado una fuerte deshidratación y un paro cardiorrespiratorio. Estas circunstancias fueron suficientes para que el juez descartara la hipótesis de tortura y señalara que no existía motivación para un trato violento por parte de los efectivos, quienes habrían actuado únicamente con la intención de contener al joven.
El fallo se apoyó en el informe médico presentado por la directora del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses, Gabriela Lamparelli, quien descartó signos de asfixia mecánica o lesiones traumáticas en el cuerpo de Bravo. Este análisis indicó que la combinación de sustancias ingeridas y su estado físico comprometido habrían precipitado su muerte, desvinculando la intervención policial como causa directa. Los familiares de Bravo y organizaciones como el Comité contra la Tortura, sin embargo, cuestionaron la validez de estas conclusiones y aseguran que las condiciones de su detención fueron un factor determinante en su fallecimiento.
El Comité contra la Tortura catalogó el veredicto como "vergonzoso" y anunciando su apelación. Para este organismo, el caso de Leandro Bravo simboliza un problema más profundo en el sistema judicial, donde, sostienen, se diluyen responsabilidades en casos de fallecimientos en custodia. Mientras, los acusados, que permanecieron dos años detenidos, han sido liberados, y sus defensores argumentan que el fallo reivindica la presunción de inocencia y la falta de pruebas concluyentes en su contra.