El fiscal federal de Resistencia señaló una presunta red de abuso de autoridad y persecución laboral dentro del Juzgado Federal N°2.
El fiscal federal Patricio Sabadini presentó una denuncia ante la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia de la Nación, en la cual acusa a tres secretarios judiciales —Javier Pastore, Agustín Blanco y Vanesa Bottegoni— de una serie de irregularidades, entre ellas falsedad documental, uso de documentos falsos y coacciones. Según Sabadini, estas acciones fueron ejecutadas bajo órdenes del juez Ricardo Mianovich, titular del Juzgado Federal N° 2 de Resistencia, con el objetivo de hostigar y controlar a los empleados de la Secretaría Penal. “Se buscó restringir la independencia de los trabajadores mediante un ambiente de abuso y manipulación”, detalló el fiscal en su presentación.
Uno de los puntos clave de la denuncia es la creación de un "sumario administrativo" que Sabadini califica de irregular y dirigido específicamente contra dos empleados, Carlos Opat y Hemilce Núñez Sánchez, quienes, según él, fueron víctimas de una “campaña de coacción y represalia” por haber testificado en una investigación anterior contra el exjuez Miguel Aranda. “Este sumario fue diseñado sin permitir el derecho a defensa de los acusados”, subrayó el fiscal. Entre las pruebas, se documenta la manipulación de fechas y la inclusión de acusaciones sin fundamento, lo cual generó un clima de hostigamiento y presión laboral.
La denuncia también destaca un patrón de violencia de género, donde las empleadas mujeres habrían sido especialmente afectadas. Sabadini incluyó testimonios que detallan episodios de abuso verbal y discriminación hacia empleadas con responsabilidades familiares, a quienes se les habría restringido permisos para atender a sus hijos. “Las mujeres fueron forzadas a permanecer en sus puestos hasta altas horas de la noche, un trato que no se aplicaba en otras secretarías”, afirma el requerimiento, señalando que el Sindicato de Empleados Judiciales debió intervenir para frenar esta práctica.
Otro de los puntos más graves mencionados por Sabadini es la existencia de una “oficina VIP” bajo control de Pastore, destinada a monitorear a los empleados de la Secretaría Penal. Esta oficina, según el fiscal, servía como centro de operaciones para perseguir a empleados “considerados indeseables” y para manipular documentos con el fin de incriminar a determinados funcionarios. Sabadini indica que Pastore habría promovido divisiones internas y realizado investigaciones informales sobre el patrimonio y las relaciones personales de algunos empleados, creando así un ambiente de intimidación.
Finalmente, Sabadini cuestiona la “ausencia de control” por parte de la Cámara Federal de Resistencia, mencionando que la jueza Rocío Alcalá habría manifestado públicamente su apoyo a Mianovich y Pastore. Esta situación, argumenta el fiscal, “complicó aún más las denuncias de abuso” al generar un clima de temor entre los empleados. La denuncia, presentada también ante la Oficina de la Mujer y el Consejo de la Magistratura, expone un contexto de abusos y manipulaciones que, según Sabadini, deben investigarse a fondo para asegurar la protección de los derechos laborales y la transparencia en el Poder Judicial.