Por: El Nordestino
La llegada de figuras como Javier Milei en Argentina y el retorno de Donald Trump al poder en Estados Unidos han catalizado un ataque sistemático contra lo que se ha denominado la "agenda woke". Este conjunto de valores progresistas, nacido de luchas legítimas por igualdad y derechos humanos, enfrenta una creciente erosión por su incapacidad para autocrítica y autorregulación. No se trata de que la agenda progresista sea, en esencia, mala o perjudicial, sino de cómo algunos de sus postulados han terminado ofreciendo flancos débiles que facilitan su instrumentalización para el abuso.
La Ley de Identidad de Género en Argentina, pionera en la región y aplaudida internacionalmente, es un caso paradigmático de cómo una legislación bienintencionada puede ser manipulada por delincuentes y personajes inescrupulosos. La posibilidad de modificar el género autopercibido mediante un simple trámite administrativo busca despatologizar y dignificar las identidades trans, pero también ha dado pie a que personas con antecedentes delictivos abusen del sistema.
Ejemplos no faltan: el caso de “Guille” Cantero, líder del clan narcocriminal Los Monos, quien argumentó autopercibirse como mujer para obtener beneficios en la prisión, o acá en el Chaco, el caso del abusador sexual Sergio Alila, que modificó su identidad de género para alegar un trato indebido durante su arresto, por no mencionar los ya numerosos "casos particulares" que se acumulan de delincuentes que, tras cambiarse de sexo en la cárcel, terminan cometiendo abusos una vez trasladados a penitenciarías para mujeres. Estos casos, que van más allá de ser simples “hechos aislados”, evidencian cómo una normativa que no previó sus posibles lagunas legales se convierte en herramienta para el engaño.
Otro ejemplo de normativas nacidas al calor de reclamos legítimos, que terminan deviniendo en una herramienta para el abuso, son las leyes en contra de la violencia de género. Esta semana, tuvo lugar en el Congreso argentino un debate que busca mostrar la otra cara de esta realidad: las denuncias falsas.
La Fundación Infancia Robada ha denunciado sistemáticamente cómo en provincias como Chaco estas denuncias falsas han destruido vidas, relaciones familiares y credibilidad institucional. “Una denuncia falsa de género destruye a una persona y vulnera todo el sistema”, señaló el ministro Cuneo Libarona en su alocución en el Congreso, en donde presentó numerosos casos de padres que habían perdido el contacto con sus hijos durante años a causa de denuncias falsas de abuso por parte de sus ex mujeres.
En algunos casos, la legislación ha permitido toda una industria del juicio de divorcios, donde el camino más fácil es inventar un abuso sexual infantil o un caso de violencia de género para sacar mayores provechos. Ignorar esta realidad no solo perpetúa una injusticia individual, sino que también banaliza y pone en duda los casos reales de abuso, deslegitimando a las verdaderas víctimas.
Se trata de un tema que desde hace años viene creciendo en voz baja, en un sistema judicial que ha anulado el principio de inocencia para el padre, favoreciendo a la madre en casos de litigios por tenencias, por el sólo hecho de ser mujer. El caso Dupuy es un claro ejemplo de esta desigualdad que terminó dejando a un niño en manos de una madre asesina porque presupone que la mujer siempre tiene la razón por el sólo hecho de ser mujer.
Aunque no hay duda de que la violencia de género es un problema estructural y urgente, la proliferación de denuncias falsas —usadas como estrategia en divorcios o disputas de tenencia— representa un problema creciente.
El progresismo no debe ser cómplice silencioso de quienes manipulan las normativas para obtener beneficios ilegítimos. Argumentos como “son casos aislados” fallan frente a una percepción pública que ve en estos abusos una confirmación de los prejuicios hacia la “agenda woke”. Este mismo discurso ha sido utilizado por políticos como Milei para justificar decisiones drásticas, como la prohibición del traslado de presos por cuestiones de género, en su intento por mostrar un "giro al sentido común".
Los defensores de estas agendas deben reconocer que no todos los sectores sociales están alineados con su visión, y que mantener una postura cerrada frente a críticas razonables genera más polarización. Es imperativo reformar las leyes que han demostrado ser vulnerables al abuso, no como un retroceso de derechos, sino como un fortalecimiento de los mismos.
Si el progresismo no aprende a defenderse de sus propios defectos, seguirá ofreciendo una plataforma para que el conservadurismo más extremo capitalice sus fallos. No prestar atención a estos casos excepcionales —que en ciertos contextos ya no son tan excepcionales— corre el riesgo de desvirtuar causas históricas y justas, desde la igualdad de género hasta la lucha contra la violencia.
