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A partir de la semana que viene inician los exámenes de idoneidad a empleados públicos

03 de Diciembre, del 2024 - Sociedad

La primera etapa de evaluación abarcará a 40 mil trabajadores temporales, quienes deberán aprobarla para renovar contratos. Además, se revisarán todas las áreas del Estado para optimizar la estructura administrativa.

 

La próxima semana, el Gobierno iniciará un ambicioso plan de exámenes de idoneidad dirigidos a empleados públicos bajo contrato temporal, cuyo objetivo principal es garantizar la eficiencia en la administración estatal. Esta primera etapa alcanzará a unos 40 mil trabajadores, quienes deberán aprobar la evaluación para renovar sus contratos que vencen a fin de año. Según informaron fuentes oficiales, este proceso busca establecer un criterio objetivo de idoneidad laboral, sin que ello garantice la continuidad automática del vínculo contractual.  


Las pruebas, que tendrán un formato presencial, estarán diferenciadas por la naturaleza de las tareas (profesionales, administrativas y de servicios generales) y se centrarán en habilidades como comprensión lectora, razonamiento lógico y conocimiento básico de la administración pública. Los exámenes se realizarán inicialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires y podrían extenderse a otras localidades. Los trabajadores tendrán hasta tres oportunidades anuales para aprobar, y en caso de no lograrlo, se analizarán posibles extensiones contractuales temporales para completar el proceso.  


Paralelamente, el Ejecutivo revisará las nóminas de todas las áreas del Estado. Esta medida, enmarcada en una política de ajuste fiscal, tiene como objetivo detectar funciones duplicadas o innecesarias que justifiquen reestructuraciones. Desde diciembre pasado, la administración ha reducido más de 30 mil puestos y ha cerrado o fusionado unas 250 áreas gubernamentales. Organismos descentralizados, como ARCA y el INDEC, también serán objeto de evaluación para determinar su permanencia o reintegración a la administración central.  


Entre las propuestas futuras, el Gobierno evalúa implementar un sistema de incentivos para aquellas dependencias que no gasten todo su presupuesto asignado, promoviendo la austeridad fiscal. Asimismo, se contempla renegociar convenios colectivos de trabajo y uniformar escalas salariales, con el propósito de reducir disparidades entre sectores. Este plan forma parte de una estrategia más amplia para transformar el Estado en una entidad más eficiente, reducida en tamaño, pero efectiva en servicios públicos esenciales.  


El Ejecutivo sostiene que estas reformas responden a una necesidad de modernización administrativa que priorice la calidad sobre la cantidad, garantizando que el empleo público sea sinónimo de servicio eficiente a la ciudadanía y no una carga para las finanzas estatales.