La falta de regulación y los bajos precios obligan a los productores a detener la actividad. En exclusiva con Radio Nordeste Claudio Hacklander, del INYM, advierte sobre el impacto en la economía regional si no hay solución.
Los productores yerbateros decidieron paralizar la cosecha de verano en protesta por los bajos precios que perciben por la hoja verde, medida que podría extenderse hasta marzo. La decisión afecta a pequeños y medianos productores, quienes aseguran que el valor actual no cubre los costos de producción. Claudio Marcelo Hacklander, director por la producción del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), explicó en diálogo con Radio Nordeste que el precio del kilo debería ser de al menos 450 pesos, pero actualmente ronda los 180.
Hacklander detalló que la situación se agravó tras la desregulación del sector. "El Instituto Nacional de la Yerba Mate perdió facultades clave para fijar precios y regular la oferta, lo que derivó en una caída significativa de los ingresos de los productores", señaló. Además, advirtió que el paro podría generar un faltante de yerba mate en las góndolas, impactando a los consumidores y a toda la economía regional.
La protesta no es nueva. A lo largo del año, los productores realizaron acciones como una mateada en el Obelisco y reuniones con legisladores nacionales, aunque hasta el momento no obtuvieron respuestas del gobierno. Hacklander afirmó que incluso el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, intentó interceder ante el Ejecutivo Nacional sin éxito. “Estamos en el horno. Si no se modifica este rumbo, estamos camino a la extinción de los pequeños productores”, expresó.
En abril pasado, el sector ya había llevado a cabo un paro similar para reclamar por los mismos problemas. Durante aquella medida, los yerbateros suspendieron la cosecha y la comercialización de hoja verde, logrando que el INYM estableciera un precio de referencia de 120 pesos por kilo, aunque insuficiente para cubrir costos. Sin embargo, los productores advierten que esa solución fue momentánea y no atacó los problemas estructurales que enfrentan.
Finalmente, Hacklander destacó que el conflicto afecta a 13.500 familias productoras y entre 15.000 y 20.000 familias de trabajadores rurales. “El impacto de un precio justo sería enorme para la economía regional, pero seguimos sin medidas concretas. Ojalá haya una solución pronta”, concluyó. La próxima acción será una marcha federal para visibilizar el reclamo, en un contexto donde las protestas del pasado muestran que sin presión constante, las demandas del sector tienden a quedar relegadas.
