La defensa sostiene que "todo está en el marco de la ley", mientras la causa avanza hacia el juicio oral.
La causa, que investiga supuesta malversación de fondos públicos y administración fraudulenta, apunta a la gestión universitaria actual de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Entre los imputados se encuentra el secretario académico de la institución, el doctor Manuel Alejandro Ricardone. Su abogado defensor, Juan Arregín, aseguró en diálogo con Radio Nordeste que la defensa confía en demostrar la inocencia de su representado durante el juicio.
Arregín explicó que esta investigación es una extensión de un proceso anterior que se remonta a la gestión del exrector Walter Judith. Según el abogado, "esa primera causa ya fue resuelta", pero ahora se han abierto nuevas imputaciones que afectan a la conducción actual de la universidad. Las acusaciones principales son por "malversación de fondos públicos y administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional".
El defensor subrayó que los movimientos financieros de la UNCAUS están dentro de los parámetros legales estipulados por la Ley de Educación Superior. Esta norma habilita a las universidades a operar con fundaciones como una herramienta de financiamiento, especialmente para sostener actividades como la educación a distancia. "Es una estructura que no es exclusiva de la UNCAUS, sino que se replica en varias universidades del país", destacó Arregín.
Arregín sostuvo que las auditorías realizadas muestran claridad en el destino de los fondos. Sin embargo, señaló que la Fiscalía habría desestimado las pruebas presentadas por los acusados. "Se pone de antemano una acusación genérica, como decimos en la calle: son todos chorros. A partir de ahí, nadie tiene derecho a defenderse", criticó.
El abogado también puntualizó que no se les imputa a los acusados enriquecimiento ilícito ni que los fondos hayan sido destinados a fines delictivos. "La fiscalía dice que gastan mal el dinero, pero no indica a dónde está el dinero. Claramente está rendido", afirmó, adelantando que confían en un fallo favorable.
Uno de los puntos más cuestionados por la Fiscalía es la adquisición de una avioneta, que según Arregín, estaba destinada a la formación de pilotos civiles en el marco de un plan educativo de la universidad. "Era un proyecto estratégico, pero la inflación y las condiciones económicas postergaron su implementación", explicó.
Arregín también defendió el rol social de la universidad, mencionando su contribución durante la pandemia y en campañas contra el dengue, así como su perfil innovador en áreas como psicología, siendo la única institución estatal en el norte argentino que ofrece esa carrera. "Esto no es un kiosco de un grupo de personas, sino una universidad con un perfil propio", enfatizó.
La causa avanza hacia una instancia decisiva, aunque aún no hay fecha confirmada para el juicio oral. Según Arregín, la defensa evalúa si solicitar un tribunal colegiado o un juez unipersonal. "Estamos trabajando en nuestra estrategia defensiva, que entendemos está más que clara", concluyó.