El asesinato durante la madrugada de este miércoles de un recluso vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de hacinamiento y malos tratos en los centros penitenciarios chaqueños.
En diálogo con N9, Darío Gómez, representante del Comité para la Prevención de la Tortura, explicó cómo la superpoblación carcelaria afecta no solo a los reclusos, sino también al personal policial. “La policía no está preparada para alojar a personas privadas de libertad. Su función principal es la prevención del delito, mientras que el servicio penitenciario es el que cuenta con formación y recursos para esta tarea”, afirmó Gómez.
Actualmente, Chaco registra cerca de 2.600 detenidos, de los cuales más de la mitad se encuentra alojada en comisarías. Gómez enfatizó que “la relación entre la superficie disponible y la cantidad de detenidos llega a ser de 10 a 1, según los estándares recomendados por Naciones Unidas”. Además, advirtió que esta sobreocupación genera condiciones que constituyen “malos tratos, vejamens y, en muchos casos, tortura”.
El problema no es nuevo. En 2022, el entonces gobernador Jorge Capitanich declaró la emergencia carcelaria y policial con el objetivo de mitigar el impacto del hacinamiento. Entre las medidas adoptadas estuvo el “descacharramiento” de los patios de las comisarías, liberando espacios ocupados por motocicletas secuestradas. Sin embargo, estas acciones han resultado insuficientes.
El representante del Comité para la Prevención de la Tortura también detalló las posibles soluciones a esta crisis: “No hay una única respuesta. Es necesario aumentar la capacidad de las unidades penitenciarias y revisar las prácticas policiales que llevan a detenciones masivas, muchas veces contravencionales y discriminatorias”.
La lentitud del Poder Judicial también contribuye al problema. Gómez señaló que “es fundamental reducir el uso de la prisión preventiva y otorgar arrestos domiciliarios a quienes cumplan con los requisitos”. Asimismo, subrayó que el sistema penitenciario enfrenta una sobrecarga estructural que complica el traslado de detenidos desde las comisarías.
Con más detenidos que espacio disponible, tanto en cárceles como en comisarías, la situación en Chaco sigue siendo alarmante. El trágico desenlace de la pelea en la Comisaría Primera no solo deja una víctima fatal, sino también evidencia un sistema al borde del colapso.
“Este tipo de hechos son inevitables si no se toman medidas urgentes y estructurales. No es solo una cuestión de espacio, sino también de derechos humanos”, concluyó Gómez.
