La Subsecretaría de Trabajo presentó pruebas documentales ante la UDAVyC para investigar presuntos delitos cometidos en la administración de recursos.
En un giro significativo hacia la transparencia administrativa, la Subsecretaría de Trabajo de la provincia del Chaco, encabezada por Noel Ibarra, presentó una denuncia formal ante la Unidad de Atención a la Víctima y al Ciudadano (UDAVyC). El documento señala presuntas irregularidades en la gestión de los fondos de la Dirección Provincial de Prevención del Trabajo Infantil (DIPROPETI), bajo la administración previa de Nélida Beatriz Maldonado. "Hicimos y presentamos una denuncia por incumplimiento de los deberes públicos y administración fraudulenta. Nosotros estamos desde la gestión buscando orden y transparencia", declaró Ibarra.
La denuncia, que consta de más de 500 páginas de pruebas documentales, detalla una serie de anomalías alarmantes. Entre los hechos más graves se destaca la falta de registro de cuentas en el sistema de administración financiera provincial, lo que contradice resoluciones del Tribunal de Cuentas. Además, se reportaron la emisión de cheques irregulares y el cobro de cheques extraviados, así como movimientos sospechosos relacionados con rendiciones de caja chica y viáticos. "Estas conductas sugieren un uso indebido de recursos públicos para fines personales", se explica en el informe.
Otro punto inquietante es el hallazgo de depósitos no justificados provenientes del Superior Tribunal de Justicia. "Estas acciones requieren de un esclarecimiento profundo para determinar responsabilidades y proteger los intereses del Estado provincial", subrayó la Subsecretaría. La denuncia, además, solicita una investigación penal para delimitar el grado de participación de los implicados y establecer sanciones si se confirman las acusaciones.
Este hecho marca un llamado claro hacia la rendición de cuentas. “La administración de recursos públicos debe ser transparente y eficiente, y estos hallazgos contravienen esos principios”, expresó Ibarra, quien enfatizó el compromiso de su gestión con la legalidad. La investigación penal será clave para garantizar que los recursos destinados a la protección del trabajo infantil cumplan su propósito y no terminen desviados hacia fines particulares.
