El régimen de Maduro sigue el modelo cubano, sosteniéndose en elecciones fraudulentas, el control de armas y alianzas internacionales.
Por Luis Rosales
Venezuela atraviesa una crisis institucional sin precedentes, cuyo origen radica en el desconocimiento de la voluntad popular por parte del régimen de Nicolás Maduro. Desde 2015, cuando la oposición venezolana logró una histórica victoria electoral, Maduro decidió ignorar los resultados, marcando el inicio de un período en el que la democracia dejó de ser más que una simulación. Hoy, el gobierno de Maduro se presenta como legítimo, pero esa fachada no puede ocultar la realidad de un país donde más de un tercio de su población ha emigrado y los que permanecen están, en su mayoría, en contra del régimen.
Maduro se mantiene en el poder gracias a una estrategia cuidadosamente diseñada. En primer lugar, ha construido una alianza sólida con las fuerzas armadas, un pilar clave de su permanencia. Este vínculo no solo le garantiza el monopolio de las armas, sino que se sustenta en un esquema de reparto del botín —los recursos del país— entre militares de alto rango. Las fuerzas armadas venezolanas cuentan con más generales que todas las naciones de la OTAN juntas, lo que refleja el nivel de cooptación y corrupción dentro de la estructura de poder.
Además, el régimen cuenta con el respaldo internacional de potencias como China y Rusia, cuya influencia le otorga una suerte de impunidad en los foros internacionales. Estos aliados estratégicos, con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, bloquean cualquier intento de imponer sanciones efectivas o de establecer condiciones que obliguen a Maduro a ceder.
La comunidad internacional ya ha probado diversas estrategias para intentar debilitar al régimen: se respaldó a gobiernos paralelos, se impulsó el aislamiento diplomático y económico, y se alentaron movimientos opositores. Sin embargo, ninguna de estas tácticas ha logrado mover significativamente las bases del chavismo. La capacidad del régimen para disimular su falta de respaldo popular mediante elecciones fraudulentas y propaganda es una lección aprendida del modelo cubano, diseñado para perpetuar dictaduras bajo una fachada democrática.
La comparación con las dictaduras militares del siglo pasado resulta inevitable. Mientras que los regímenes autoritarios de derecha solían reconocer abiertamente su naturaleza y, en muchos casos, planificaban una transición hacia la democracia, las nuevas dictaduras de izquierda se presentan como representantes legítimos del pueblo, tergiversando por completo la realidad. Esto las hace aún más difíciles de desmontar, ya que han transformado el autoritarismo en un sistema casi inexpugnable.
En este contexto, el papel de Estados Unidos, y en particular de figuras como Donald Trump, es significativo. Su enfoque disruptivo y su capacidad para sacudir las estructuras tradicionales pueden influir en el tablero regional. Sin embargo, la solución al problema venezolano no depende exclusivamente de actores externos. Es fundamental que América Latina también reflexione sobre su propia composición política. En la región conviven democracias legítimas, aunque pendulares, como las de Chile y Brasil, con regímenes autoritarios como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que están fuera de la familia democrática.
El caso venezolano deja una lección amarga: no existen atajos ni soluciones simples para desmantelar regímenes que han perfeccionado la maquinaria del autoritarismo. El desafío no solo es político, sino también ético, ya que lo que está en juego es el futuro de millones de venezolanos que merecen vivir en libertad y dignidad.
