A pocos días del aniversario, el caso sigue siendo un símbolo de la falta de justicia en Argentina.
A días de cumplirse una década de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el fiscal Eduardo Taiano presentó un informe que reitera la teoría del homicidio, aunque sin ofrecer pruebas que permitan avanzar hacia la resolución del caso. Este documento de 52 páginas revive las polémicas en torno a una de las investigaciones más controvertidas de la historia reciente de Argentina.
El informe repasa las irregularidades iniciales en la investigación, como la deficiente preservación de la escena del crimen y las demoras en la intervención judicial. Sin embargo, más allá de señalar errores del pasado, no presenta elementos que den cuenta de avances concretos o identifiquen responsables. La muerte de Nisman sigue envuelta en un manto de sospechas, pero sin certezas que permitan cerrar el caso.
Entre los puntos destacados, se mencionan las conclusiones de la Gendarmería Nacional que avalan la hipótesis del asesinato, basadas en la posición del cuerpo y la ausencia de signos de lucha. No obstante, esta versión choca con peritajes previos que sostenían la posibilidad de un suicidio, dejando en evidencia las contradicciones que han caracterizado a la investigación desde sus inicios.
El documento también apunta a un posible vínculo entre la muerte de Nisman y su denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner, presentada días antes de su fallecimiento. Sin embargo, las afirmaciones carecen de evidencias concretas y omiten explorar otras hipótesis, como las disputas dentro de los servicios de inteligencia. Esta omisión refuerza las críticas hacia una investigación que parece más enfocada en construir relatos que en esclarecer los hechos.
El caso Nisman se convirtió en un reflejo de las dificultades de la justicia argentina para resolver crímenes de alto perfil. Tanto el atentado a la AMIA como la muerte de Nisman son ejemplos de la falta de resultados en causas que marcaron la agenda política y judicial del país.
A una década del hecho, el informe de la fiscalía no solo deja más preguntas que respuestas, sino que también profundiza la desconfianza en un sistema judicial que no ha podido ofrecer certezas.
