La medida fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni y difundida en redes sociales tras la eliminación de un video oficial en YouTube.
El gobierno de Javier Milei anunció la prohibición de los tratamientos hormonales y cirugías de reasignación de género en menores de 18 años, una decisión que implica un retroceso en el acceso a los derechos reconocidos por la Ley de Identidad de Género desde 2012. La medida fue comunicada en un video difundido por el vocero presidencial Manuel Adorni, aunque el enlace fue eliminado de YouTube poco después de su publicación. Luego, la Oficina del Presidente replicó el anuncio a través de un comunicado en redes sociales.
Según el texto oficial, la decisión se basa en la supuesta necesidad de proteger a los niños de procesos "irreversibles" que podrían afectar su desarrollo físico y mental. "Los niños no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar decisiones sobre procesos irreversibles que en muchos casos implican la mutilación de órganos saludables", señala el comunicado. Además, argumenta que países como el Reino Unido, Suecia, Finlandia y Estados Unidos han restringido los procedimientos de cambio de género en menores.
Durante su intervención, Adorni justificó la medida afirmando que el Estado debe evitar que menores de edad sean sometidos a tratamientos que, según él, representan un "grave riesgo para su salud". "La ideología de género ha permitido situaciones aberrantes, como hombres condenados por violencia que se autoperciben mujeres para ser trasladados a cárceles femeninas", sostuvo. También anunció que se modificarán las normativas sobre alojamiento en unidades penitenciarias según el sexo registrado al momento del delito.
La decisión genera preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el impacto en la comunidad trans. La Ley de Identidad de Género argentina, considerada pionera a nivel mundial, permite que niños y adolescentes accedan a tratamientos médicos con el consentimiento de sus padres o mediante intervención judicial en caso de desacuerdo. Con esta prohibición, menores trans quedarían sin acceso a tratamientos que pueden ser fundamentales para su bienestar y desarrollo.
El anuncio se enmarca en una política más amplia del Gobierno de Milei para eliminar lo que considera "privilegios" vinculados a la perspectiva de género. En este contexto, la medida es vista como un intento de deslegitimar la identidad de las infancias trans y restringir el acceso a derechos adquiridos.
