En una decisión alarmante, Migraciones eliminó la obligación de las empresas de transporte internacional de verificar la documentación de menores.
En una medida que despierta un profundo repudio y genera alerta entre organizaciones de derechos humanos, el Gobierno nacional ha decidido eliminar la obligación de las empresas de transporte internacional de verificar la documentación de menores que viajen al exterior. La disposición, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el director de Migraciones, Sebastian Pablo Seoane, se enmarca dentro del plan de desregulación impulsado por Federico Sturzenegger, priorizando la "eficiencia" sobre la seguridad de la infancia.
Hasta ahora, las operadoras de transporte aéreo, terrestre y fluvial debían constatar la identidad de los menores y la autorización de sus progenitores o tutores para salir del país. Este control, aunque no impedía la existencia de maniobras fraudulentas, funcionaba como un doble filtro antes del paso por Migraciones. Con la nueva normativa, esta responsabilidad queda exclusivamente en manos del personal fronterizo, lo que representa un retroceso en la prevención del delito de trata de personas y la sustracción de menores.
La decisión del Ejecutivo genera indignación y preocupa a expertos en la lucha contra la trata de personas. "Quitar este control es facilitar el trabajo de quienes se dedican a secuestrar y explotar niños. Las redes de trata operan con mecanismos aceitados para burlar los controles migratorios, y esta medida solo les allana el camino", advirtió una fuente especializada en la problemática. La falta de verificación por parte de las empresas de transporte reduce las barreras contra este flagelo, dejando a los menores en una situación de extrema vulnerabilidad.
Desde el Gobierno minimizan los riesgos y justifican la medida en la "modernización" de los procesos migratorios. Según los considerandos de la disposición 166/2025, se busca "brindar un servicio más eficaz y eficiente" y adaptar los procedimientos a las "nuevas modalidades de contratación y tramitación remota". Sin embargo, esta justificación es vista como una muestra de insensibilidad ante los peligros reales que enfrentan los menores en situaciones de vulnerabilidad.
La trata de personas es un delito que en Argentina afecta a miles de personas cada año, con menores de edad entre sus principales víctimas. La eliminación de controles previos a la salida del país no solo significa un retroceso en materia de prevención, sino que además podría incrementar los casos de desapariciones y captación con fines de explotación. Esta decisión gubernamental no solo demuestra una falta de compromiso con la protección de la infancia, sino que también deja en evidencia el poco interés por combatir un delito tan grave como la trata de personas.
