La Aduana anunció un sumario interno, pero el vocero de Milei desestimó la denuncia y negó vínculos con la pasajera.
El aterrizaje de un avión privado en Aeroparque y la falta de controles sobre el equipaje de una pasajera vinculada a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) despertaron una nueva controversia en el Gobierno de Javier Milei. Mientras la Aduana asegura que realizó procedimientos “de rutina”, la oposición exige respuestas ante la sospecha de que una “orden de arriba” permitió el ingreso de valijas sin revisión.
El episodio tiene como protagonista a Laura Belén Arrieta, ex azafata y parte del comité organizador del evento ultraconservador que contó con la presencia de Milei y referentes de la derecha internacional. Arrieta arribó al país en un Bombardier Global 5000, una aeronave de lujo con matrícula estadounidense, propiedad del empresario colombiano Ricardo Uribe. Según reveló el periodista Carlos Pagni, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Aduana intentaron realizar un control, pero habrían recibido instrucciones para desistir.
Desde la Aduana buscaron desligarse del escándalo con un comunicado en el que aseguran que se realizaron “los controles de rutina” y que no se detectaron irregularidades. Sin embargo, reconocieron la apertura de un sumario interno para esclarecer los hechos y advirtieron que, de confirmarse falencias en el procedimiento, el personal involucrado será sancionado. La declaración oficial, lejos de despejar dudas, dejó más preguntas que respuestas.
El vocero presidencial Manuel Adorni también intentó minimizar la polémica y desligar al Gobierno de cualquier responsabilidad. Aseguró que Arrieta “no tiene nada que ver con la administración” y que cumplió con todos los controles requeridos. Sin embargo, la falta de precisiones sobre quiénes viajaban en la aeronave, la naturaleza del equipaje y los registros de seguridad no hacen más que alimentar la controversia.
El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, presentó un pedido de informes para esclarecer lo ocurrido. Entre otras cuestiones, busca determinar quién dio la supuesta orden para evitar el control de las valijas y conocer los registros fílmicos del arribo del avión. También planteó dudas sobre la prolongada estadía de la aeronave en un hangar privado, algo inusual y costoso en términos logísticos.
Más allá del episodio puntual, el caso refleja los estrechos vínculos entre el oficialismo y figuras de la derecha internacional. Arrieta y su jefe, el empresario Leonardo Scatturice, mantienen conexiones con el Partido Republicano de EE.UU. y con Santiago Caputo, asesor clave de Milei. La relación entre estos actores y el círculo íntimo del Presidente suma un condimento adicional a la controversia.
Mientras la Casa Rosada desestima las sospechas y habla de “rumores sin entidad”, el escándalo sigue creciendo. A falta de respuestas claras, el caso pone en jaque una vez más la transparencia del Gobierno y deja abierta la incógnita sobre qué se intentó ocultar en el aeropuerto aquel 25 de febrero.
