La cooperativa CARVAL inició el desmote de algodón a pesar de la medida judicial que impide su funcionamiento. Trabajadores y productores advierten sobre el impacto económico de la clausura.
La cooperativa CARVAL, ubicada en Villa Ángela, inició este martes la campaña de desmote de algodón a pesar de la prohibición judicial que pesa sobre la actividad. La decisión fue tomada por los trabajadores tras la ausencia del juez Hugo Aguirre en una reunión clave convocada para tratar la situación. La medida afecta a unas 60 familias que dependen de la cooperativa y que, según indicaron, no pueden esperar más tiempo sin ingresos.
En diálogo con N9, el abogado de CARVAL, Rubén Sánchez, cuestionó la resolución judicial y afirmó que “es una decisión absolutamente arbitraria en contra de lo que dice la Constitución Nacional”. Según el letrado, la prohibición de la actividad afecta directamente a los empleados, quienes trabajan por temporada y dependen del desmote para percibir un salario formal con aportes y obra social. “El juez decidió que no se trabaje, pero ¿qué van a comer las familias que dependen de esta cooperativa?”, cuestionó.
El conflicto tiene su origen en una causa judicial iniciada por vecinos que reclaman que la desmotadora se traslade fuera del ejido urbano, argumentando problemas ambientales. No obstante, desde CARVAL señalan que otras desmotadoras continúan operando en la zona sin inconvenientes y que la decisión judicial parece enfocarse solo en esta cooperativa. "Es una postura irrazonable y absurda", insistió Sánchez en la entrevista con N9.
La incertidumbre crece entre los trabajadores, quienes decidieron seguir adelante con la actividad mientras esperan una resolución definitiva. La medida judicial también afecta a los pequeños productores que dependen de la cooperativa para procesar su algodón. “Esto impacta en toda la cadena productiva. Los productores no saben dónde llevar su algodón, y nosotros no sabemos si vamos a poder cobrar a fin de mes”, expresó uno de los empleados afectados.
Además de la preocupación por el empleo, la clausura también repercute en otros servicios. La cooperativa subsidiaba la electrificación rural en la región, y el corte de actividades podría generar inconvenientes para los productores. "No recibimos ayuda del gobierno en materia de materiales, y ahora nos dejan sin ingresos para sostener el servicio", advirtió el presidente de CARVAL, Héctor Rycyina.
Mientras el desmote ya comenzó, los trabajadores esperan una pronta resolución al conflicto. "Nosotros le planteamos la situación al juez, pero solo intentó justificar lo injustificable", concluyó Sánchez en diálogo con N9. En los próximos días, la cooperativa definirá los pasos a seguir en medio de un clima de tensión e incertidumbre.
