Bullrich expresó que El Salvador ha cambiado «de manera impresionante» gracias a estas políticas y subrayó la importancia de la voluntad política para lograr estos resultados.
Durante su visita, Bullrich recorrió la megacárcel del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y se reunió con altos funcionarios de la Policía y la Fiscalía General. En un video difundido por Bukele en su cuenta de X, la ministra felicitó al mandatario salvadoreño por devolver la paz y tranquilidad a su nación, que anteriormente era conocida por la violencia de las pandillas.
Bullrich destacó que desde la llegada de Bukele al poder, El Salvador pasó de ser uno de los países más inseguros del mundo a uno de los más seguros. Atribuyó este cambio a las reformas legislativas, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y la determinación política del gobierno salvadoreño.
El respaldo de Bullrich a las políticas de Bukele se da en un contexto de acercamiento entre los gobiernos de Argentina y El Salvador. Desde la asunción de Javier Milei como presidente argentino, ambos países han mostrado afinidad en sus enfoques de seguridad. Milei, incluso, asistió a la toma de posesión de Bukele para su segundo mandato en junio del año pasado.
Las políticas de seguridad de Bukele, ampliamente respaldadas por la población, se han centrado en la suspensión de garantías constitucionales y arrestos masivos de presuntos pandilleros bajo un régimen de excepción. Esta medida fue aprobada por el Congreso salvadoreño en marzo de 2022, tras un incremento de asesinatos atribuidos a las pandillas. Sin embargo, investigaciones del portal El Faro sugieren que esta acción fue consecuencia de la ruptura de un pacto entre el gobierno y las bandas criminales.
Aunque las medidas de Bukele han reducido significativamente los índices de criminalidad en El Salvador, también han generado controversia. La Casa Blanca ha sancionado a funcionarios del gobierno salvadoreño por presuntos encuentros con pandilleros. Además, se han registrado más de 80,000 detenciones y una disminución drástica de la inseguridad, pero también hay denuncias de abusos a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas, y más de 300 muertes de detenidos en circunstancias violentas.
