La alcaldesa Femke Halsema dijo que su legalización y control serviría para luchar contra el narcotráfico y los “efectos desastrosos” de la droga entre los jóvenes.
La capital de los Países Bajos está considerando un cambio radical en su política de drogas al proponer la regulación del consumo de cocaína y su venta a través de farmacias o el sistema de salud local.
La alcaldesa Femke Halsema, quien lidera esta iniciativa, argumenta que esta medida podría ser efectiva para combatir el narcotráfico y mitigar los efectos negativos del consumo de drogas entre los jóvenes de la ciudad. Este enfoque va más allá de la ya conocida política de tolerancia hacia la marihuana y se extiende ahora hacia sustancias como la cocaína y el éxtasis.
Halsema, que asumió el cargo en 2018, ha destacado el impacto «desastroso» del narcotráfico en la juventud y la sociedad de Ámsterdam. Según cifras oficiales, el 80% de las operaciones policiales en la ciudad se centran en combatir el tráfico de drogas. A pesar de los esfuerzos, el mercado ilegal sigue floreciendo y el acceso a drogas duras sigue siendo un problema creciente, algo que la alcaldesa busca resolver con una regulación más estructurada.
La alcaldesa también criticó las políticas represivas actuales, señalando que no han logrado un impacto significativo en la reducción del consumo ni en el precio de la cocaína en las calles. Halsema sugiere que mantener el comercio de drogas en manos de criminales sin explorar alternativas reguladas es una estrategia ineficaz y obsoleta. En su propuesta, indica que un mercado controlado podría minimizar los riesgos asociados con el narcotráfico y mejorar la seguridad pública.
La propuesta de Ámsterdam se enmarca en un debate global más amplio sobre cómo enfrentar el narcotráfico y el consumo de drogas de manera efectiva. Mientras algunos ven en la regulación una forma de reducir los daños asociados a las drogas y desincentivar el mercado ilegal, otros plantean preocupaciones sobre las implicaciones de salud pública y seguridad. Sin embargo, Halsema afirma que la criminalización de los consumidores no ha resultado efectiva y que una política de mercado regulado podría tardar décadas en perfeccionarse, pero es el camino hacia una solución más sostenible.
