En una conferencia de prensa el gobernador Jorge Capitanich anunció este lunes la implementación del «régimen de transparencia» que será otorgado a los movimientos sociales. El objetivo es garantizar mayor transparencia en la constitución y funcionamiento de organizaciones sociales, fundaciones y cooperativas con personería jurídica que constituyan la economía social, solidaria y popular de la provincia.
“Es necesario tener un marco regulatorio para fortalecer la capacidad de fiscalización del Estado y garantizar transparencia en el funcionamiento de estas organizaciones”, dijo el gobernador Jorge Capitanich tras presentar el Decreto 1.821, donde se detallan cada una de las medidas a implementar.
Explicó que el otorgamiento de personería, autorizaciones y fiscalización vigente, debe complementarse con otras medidas previas a la concesión y permanentes durante el funcionamiento de las entidades, que atañen también a los integrantes, garantizando el control patrimonial personal, antecedentes penales y publicidad de los actos.
En primer lugar, el decreto exige a las personas físicas que constituyan y/o sean miembros de asociaciones civiles, fundaciones o cooperativas de trabajo, la presentación de: Certificación del Registro Único de Personas Violentas (RUPV), Certificación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (ReDAM), Certificación del Tribunal de Cuentas y Declaración Jurada Patrimonial.
En segundo lugar, la nueva normativa requerirá la actualización de datos de todas las asociaciones civiles, fundaciones y mutuales a través de la Inspección General de Personas Jurídicas. La actualización será obligatoria, por medio digital, de acceso público para conocimiento e información de la ciudadanía, a fin de fiscalizar el funcionamiento y administración de todas las personas jurídicas.
En tercer lugar, se autorizará al organismo de contralor a disponer la suspensión y/o pérdida de la concesión de la personería jurídica otorgada a quienes incumplan con las obligaciones y responsabilidades impuestas.
En cuarto lugar, se creará un organismo de recepción y seguimiento de reclamos y denuncias de hechos que refieren irregularidades que podrían constituir ilícitos penales y administrativos, de socios, terceros y/o beneficiarios de una entidad civil. En esos casos, se arbitrarán las medidas judiciales y administrativas que correspondan para contribuir a la seguridad jurídica y a la protección de las personas.
La ciudadanía podrá efectuar denuncias para informar retenciones indebidas de planes sociales, venta ilegal de bienes del estado y/o desvío de fondos de subsidios a través de las comisarías existentes, pero también mediante la línea pública, gratuita y confidencial 0800 888 9222, por internet mediante TU GOBIERNO DIGITAL o en forma presencial a través del Centro de Gestión de la Secretaría General de Gobernación.
«Nadie puede ser explotado en el ejercicio de un derecho. Nadie puede ser obligado compulsivamente a efectuar un aporte que no está obligado. Muchas veces se utilizan estos mecanismos para promover movilizaciones. No queremos que exista un tratamiento compulsivo por parte de los directivos de las organizaciones sociales con sus miembros. No vamos a aceptar ninguna relación de vasallaje ni tampoco métodos extorsivos ni una relación esclavizante», enfatizó el Primer Mandatario provincial.
