El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió entregar con carácter definitivo al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) la posesión de dos inmuebles rurales ubicados en el departamento de Santo Tomé que habían sido decomisados en el marco de la causa de «Los narcoaviones».
El tribunal, que está conformado por los jueces Manuel Alberto Jesús Moreira, Víctor Alonso González y Fermín Amado Ceroleni, hizo lugar el jueves pasado al pedido presentado por el Director del INTA-Estación Experimental Agropecuaria de Mercedes, el ingeniero agrónomo Jacques Kraemer y por el Director del Centro Regional Corrientes del INTA, médico veterinario José Rafart Anton, como depositarios y administradores judiciales de las fincas «Santa María del Aguapey» y «Santa Úrsula», de 7.000 y 1.889 hectáreas respectivamente.
Los magistrados explicaron que el organismo deberá cumplir con dos condiciones estipuladas por el artículo 39 de la Ley 23.737. Por un lado, destinar un predio para poner a disposición de la Gendarmería Nacional, que contenga en preferencia un lugar mínimamente edificado, a fin de ser utilizado para eventuales operativos de vigilancia, recorridas y/o apostar hombres, patrullas u otros elementos de manera provisoria o permanente para la lucha contra el narcotráfico en la región.
Por otra parte, implementar en algún sitio del inmueble el acondicionamiento de un lugar, de alrededor de 10 hectáreas, a disposición del Estado provincial o nacional, para el funcionamiento de una institución dedicada a la rehabilitación de los afectados por el consumo de estupefacientes.
Los directivos del INTA solicitaron gestionar ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) la transferencia definitiva de estos inmuebles debido a que el INTA logró «poner en orden» estos establecimientos y expresaron que los destinarán a la explotación y utilización con fines de educación, investigación, producción y ambientales.
