Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio, ha desatado una polémica al proponer modificar el Código Penal para permitir la grabación de conversaciones entre ciertos presos y sus abogados, con el objetivo de utilizarlas como pruebas en la constitución de nuevos delitos. Esta propuesta ha generado fuertes críticas por parte de expertos en derechos humanos y representantes de organismos internacionales.
Darío Gómez, del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, calificó, en diálogo con N9 como «ridícula» la propuesta de Bullrich, y subrayó: «Nosotros tenemos un sistema jurídico en nuestro país. Hay convenciones internacionales y tratados de derechos humanos que fueron incorporados a nuestra Constitución por la reforma de la carta magna. Tenemos actualizaciones continuas en Argentina a nivel internacional. Es un país reconocido por la implementación de políticas de derechos humanos».
Darío Gómez, del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco
Gómez recordó un caso previo en el que se había intervenido ilegalmente el teléfono de Amado Boudou cuando estaba detenido, y añadió: «Son cosas que no están permitidas, legalmente no se pueden hacer. Su fundamento sería para posibles delitos futuros, pero para eso también nos tendrían que intervenir los teléfonos de tu casa o la mía, de todos los ciudadanos».
Nahir Barud, de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, por su parte, también condenó las declaraciones de Bullrich y afirmó: «No solamente es inconstitucional lo que está planteando y absolutamente inaplicable, sino que también considero que habla de un absoluto desconocimiento, ignorancia y brutalidad«. Además, señaló: «Esto obviamente puede llegar a tener un costo político trascendente en las relaciones internacionales que pudiera llegar a tener Argentina«.
Nahir Barud, abogada de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco
