En el día de ayer el Congreso nacional sancionó la conocida como “Ley Lucio”, en referencia a Lucio Dupuy, el niño de 5 años que murió en el años 2021 a causa del maltrato ejercido por su madre y su pareja.
La iniciativa prevé fundamentalmente la capacitación y formación obligatoria para funcionarios de los tres poderes públicos, en materia de derechos del niño y el Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Para María Pía Cavana, ministra de Desarrollo Social de la Provincia del Chaco, el caso Lucio “dejó en evidencia la necesidad de corregir los errores que actualmente tiene el sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes”. Este sistema establece una coordinación y articulación entre los distintos poderes del Estado en materia de derechos de la infancia. Sin embargo, se hace necesario, según puntualiza la ministra, extender esa coordinación a los sistemas educativos, de salud y a los órganos técnicos de aplicación, como el Ministerio de Desarrollo Social.
“Lo que ha ocurrido en el caso de Dupuy muestra claramente los errores y las fallas de un sistema que no pudo prevenir ni resguardar los derechos del niño frente a una situación de violencia, y de una justicia que no escuchó los reclamos de la familia”, manifestó Pía Cavana, que se lamentó que “tengamos que avanzar en esta mayor articular a raiz de un caso tan trágico”.
En la Provincia del Chaco, comenta la ministra, se viene trabajando desde 2005 en el mejoramiento de este sistema, con mesas permanentes con el Poder Judicial, los órganos del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. A su vez, cuenta que se avanzó en la creación de “espacios convivenciales” y de contención, así como la implementación de la línea 102, que ha facilitado la realización de denuncias por casos de maltrato o abuso.
No obstante, la ministra sostiene que “se necesita ampliar las redes territoriales para detectar de manera temprana y llegar más rápido indicadores de maltrato o abuso”. En este sentido, comenta que cada vez son más las denuncias que se reciben por medio de la línea 102, especialmente aquellas realizadas por los propios menores afectados.
La detección temprana de los casos de maltrato corresponden también a los docentes, vecinos o familiares que sean testigos de estas situaciones: “Todos tenemos obligación de denunciar”, especificó la ministra, que aclaró que las denuncias siempre son anónimas.
En la provincia actualmente hay 15 UPI (Unidad de protección integral), que se encarga de atender las denuncias en una primera instancia, agilizando la intervención del Estado ante las denuncias. Luego, es la justicia la que determina la situación del menor.
En este sentido, la ministra enfatiza que es necesario, a partir de este caso,y con la ayuda de esta nueva ley, una nueva mentalidad en cuanto al maltrato infantil: “El niño no es un objeto de protección, como antes lo concebía la ley, es un sujeto de derecho. y como sujeto tiene que ser oído y escuchado”.
